Nicaragua. Historias de mujeres ante un intento de acaparar el poder por quien se autodefine representante de la última revolución victoriosa del siglo XX en América Latina

Francesca Gargallo

Ciudad de México, 25 de noviembre de 2008, día latinoamericano contra la violencia hacia las mujeres

Como todas mis amigas de la Red de Escritoras Feministas, siendo en nuestra mayoría mesoamericanas, me he comprometido a dar a conocer la situación de las mujeres que están siendo en este momento reprimidas, amenazadas, amedrentadas, detenidas, asustadas, golpeadas, impedidas en sus movimientos y decisiones en Nicaragua por Daniel Ortega, Rosario Murillo y el grupúsculo de burócratas sedientos de poder que los acompaña, cuyo gobierno ha tomado una deriva autoritaria, cada día más alejada de los ideales y las prácticas revolucionarias y los ideales libertarios del general Sandino y la revolución sandinista de la década de 1970.

Ortega y Murillo impulsan hoy una política propia de una cultura misógina, excluyente de las diferencias de opinión, aliada de quien los alabe y les dé votos al precio que sea, y que persigue a personas y organizaciones sociales y políticas que se atreven a criticar las acciones de su gobierno.

Para muestra, la represión de las feministas nicaragüenses. Y para contramuestra de la ineficacia del abuso, los mil modos de las feministas nicaragüenses de no rendirse, de manifestarse, de obtener apoyos internacionales de las demás mujeres organizadas. Porque nunca más las feministas vamos a permitir que remedos de estalinismo se instalen en nuestras vidas mediante consignas que rezan que los derechos humanos, la libertad sexual, la no discriminació n vendrán después del logro de un gobierno que se dice de izquierdas.

En febrero de 2008, las que pudimos lanzarnos en camiones y aviones desde México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, y hasta desde el lejano Brasil, nos reunimos como La Franja (lo que está al margen pero da alegría, lo que contiene y a la vez se relaciona con el exterior) en un hotelito de Granada, Nicaragua, para encontrarnos de forma paralela y autónoma al Festival Internacional de Poesía que se efectuaba ahí con auspicios del gobierno y de la embajada estadounidense (y al que, de paso, no había sido invitado Ernesto Cardenal).

Nuestra intención era hacer arte feminista, eso es hacer circo, maromas, teatro, video y poesía en las plazas, el mercado, las calles, los buses para manifestarnos creativamente contra el Feminicidio de Estado (que en Centroamérica se dice Femicidio de Estado, para evitar el colonialismo de la terminología feminista mexicana), y que en Nicaragua se manifiesta de dos maneras fundamentales: 1) la prohibición del aborto terapéutico, que condena a las mujeres a morir en los embarazos de alto riesgo que llegan a mal término, regalada por Ortega al cardenal Obando y Bravo en octubre de 2006 a cambio de los votos católicos. (Con esa ley se tipificaron como delito todas las formas de aborto, aunque hasta entonces, la ley nicaragüense permitía el aborto terapéutico en los casos en los que, de seguir adelante el embarazo, la vida o la salud de la mujer correría peligro, o cuando el embarazo era consecuencia de una violación o un incesto.. El partido en el gobierno y los dos principales partidos de oposición siguen apoyando la prohibición.) Y 2) la impunidad de los victimarios fomentada por las autoridades que no actúan frente a la violencia sexual, callejera, intrafamiliar, misógina contra las mujeres y que llega al asesinato.

Nos reunimos gracias a la solidaridad de quien nos alimentó a precios de hermana, de quien nos hospedó a precios de compañero de lucha, a nuestros bolsillos y a los de las amigas y amigos que decidieron apoyar a algunas de nosotras y nuestra expresión.

La Franja en Granada fue un momento en nuestra vida de Red de Escritoras Feministas, quienes nos reunimos durante el noveno Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en Costa Rica en 2002, y nos mantuvimos en contacto después, armando encuentros autónomos, fiestas o acudiendo a festivales literarios en diversos países centroamericanos (México es un país muy difícil para ello debido a las políticas de sus autoridades migratorias, que prácticamente impiden el ingreso legal a las y los centroamericanos).

Un año antes, en ese mismo festival, las ARTAS (Mujeres que Hacen Arte Feminista y están Hartas de la Misoginia), ya habían intervenido con un performance- protesta en la procesión oficial de "Entierro de la Intolerancia", titulado "No toleraremos los entierros", para llamar la atención de la población y de los medios de comunicación, frente a la situación de las mujeres en Nicaragua, y en específico a dos "entierros" de la justicia y la visibilidad de las mujeres: el de la historia de Zoilamérica Narváez (hijastra del actual Presidente Daniel Ortega que le acusó en dos ocasiones de abuso sexual reiterado, aunque en las dos terminó por presiones familiares retirando las demandas), y el de Yazmina Bojorge (una joven mujer que fue la primera a morirse después de la derogación del aborto terapéutico).

En esta ocasión, además de denunciar el entierro de la voz y la denuncia de las mujeres, queríamos afirmar que los nombres de las olvidadas, las violadas y asesinadas que se mantienen en las listas de los casos no resueltos, pesa sobre nuestros versos, le da sentido a nuestras prosas, sostiene nuestro arte. Además queríamos denunciar la represión de la que ya estaban siendo objeto algunas feministas.

En particular, el 9 de octubre de 2007, la Asociación Nicaragüense de Promoción de los Derechos Humanos - ANPDH, liderada por el obispo de la ciudad de Estelí, Abelardo Mata-, denunció a nueve defensoras de los derechos humanos, por supuestos delitos cometidos durante su intervención en el caso de Rosita, una niña de nueve años que quedó embarazada a raíz de una violación en Costa Rica en el 2003.

Esta asociación de fundamentalistas disfrazados de defensores de los derechos a la vida acusaron a Ana María Pizarro, médica, integrante de la Coordinación Regional de la Campaña 28 de septiembre y Directora de SI Mujer, a Juanita Jiménez, abogada integrante de la Comisión Coordinadora de la Red de Mujeres contra la Violencia, a Lorna Norori, sicóloga, especialista en atención en abuso sexual, a Luisa Molina Argüello, vocera de la Federación Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia, a Martha María Blandón, integrante del Foro Sexualidad, Maternidad y Derechos, y de IPAS Centroamérica, a Martha Munguía, directora del Centro de Mujeres Acción Ya, de Estelí, a Mayra Sirias, vocera de la Red de Mujeres contra la Violencia e integrante de su Comisión Coordinadora, a Violeta Delgado, ex Secretaria Ejecutiva de la Red de Mujeres contra la Violencia y a Yamileth Mejía, en ese entonces integrante de la Comisión Coordinadora de la Red de Mujeres contra la Violencia, de los delitos de encubrimiento de violación, contra la administració n de justicia, de asociación e instigación para delinquir y de apología del delito.

Cuando en Nicaragua se supo del embarazo de Rosita, su salud estaba visiblemente deteriorada. El 18 de febrero de ese mismo año 2003, una comisión del Ministerio de Salud conformada por tres médicos evaluó su estado, llegando a la conclusión que su vida estaba en peligro. Dejaron la decisión en mano de sus progenitores, quienes solicitaron interrumpir el embarazo.

La Procuraduría de Derechos Humanos respaldó la solicitud de los padres y el 20 de febrero en una clínica privada, se le efectuó un legrado a Rosita bajo la figura de aborto terapéutico. El 3 de marzo la Fiscalía General de la República determinó que el aborto terapéutico de Rosa fue practicado dentro del marco de la ley y archivó el caso.

Puesto que no existe ley retroactiva, según un principio jurídico que afirma que una Ley no puede ser aplicada a un hecho que ocurrió antes de ser aprobada o reformada, y en Nicaragua hasta octubre del 2006 estaba vigente la posibilidad legal del aborto terapéutico para salvar la vida de la mujer, en este caso, la de Rosita, situación que en su momento fue conocida por el Ministerio Público (Fiscalía), la persecución de las nueve activistas de los derechos y la salud de las mujeres que apoyaron a la niña y a sus progenitores sólo puede ser imputada a una voluntad política de perseguirlas.

Y en efecto, las nueve activistas pertenecían a organizaciones de mujeres que venían denunciando por todos los medios posibles la muerte de 82 mujeres por causas vinculadas a embarazos de alto riesgo desde que se derogó el aborto terapéutico. Además de que habían asumido en marzo de 1998 la defensa de Zoilamérica Narváez cuando denunció a Daniel Ortega, quien en ese entonces hizo uso de su inmunidad parlamentaria para no ser enjuiciado.

Desde mucho antes que nosotras, representantes de ocho expresiones regionales del movimiento de mujeres y feministas durante el Consejo de Ministras de las Mujeres de Centroamérica, el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), la Asociación Nicaragua de Hamburgo, y las nicaragüenses Red de Mujeres contra la Violencia, Carta de Notables, CISAS, Puntos de Encuentro, Aguas Bravas, CODENI, el Movimiento contra el Abuso Sexual, Red de mujeres municipalistas, Red de jóvenes nicaragüenses por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, Comisión Nacional de Lucha contra el Sida, Movimiento Feminista, Movimiento Autónomo de Mujeres, Campaña 28 de Septiembre, Coordinadora Civil, habían expresado al ministerio Público la demanda: "Que no se acepte esta denuncia y que no haya acusación a las nueve mujeres por carecer de fundamentos legales y éticos, porque los delitos que se mencionan nunca han existido".

Pero la persecución no disminuyó, se extendió a las voceras de posiciones a favor del aborto terapéutico, a las defensoras de mujeres violadas y de las victimas de la violencia intrafamiliar y callejera. Así que las integrantes de La Franja las invitamos a participar en nuestra marcha detrás de un inmenso atrapasueños del que colgamos los zapatos vacíos de las mujeres que murieron por violencia y embarazo. Ellas se vistieron de negro como nosotras por llevar luto por la justicia, y nos acompañaron mientras leíamos nuestros versos y los nombres de las mujeres muertas por el feminicidio de estado frente a todas las iglesias. Al final, una delegación de mariposeras costarricenses, activistas de una radio feminista, les regaló sus mariposas como emblemas de la libertad de las mujeres.

En febrero pasado la cosa todavía podía manifestarse en una fiesta de los sentidos y el arte. Pronto las cosas empeoraron. Todas las mujeres organizadas empezaron a ser perseguidas. Las de las Organizaciones No Gubernamentales se sentían seguidas, recibían anónimos y amenazas, volvían a sus casas y las encontraban desvalijadas, se subían a sus autos y descubrían que les habían acuchillado las llantas. Seguramente, el movimiento de ONGs de mujeres es en Nicaragua uno de los más beligerantes actores de la sociedad civil en la demanda del respeto a la institucionalidad, la vigencia del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos.

Además, en sus pequeños grupos, cooperativas y colectivos, el feminismo es también un vehículo de emancipación que impulsa la creatividad y la productividad al margen de los grandes consorcios y del control del estado.

Por ello, el estado no para de calificar a todas las mujeres organizadas de llevar a cabo políticas equívocas y de ser enemigas de los hombres, agentes del capital extranjero, lavadoras de dinero de la CIA. A Sofía Montenegro, comandante sandinista durante la revolución, y hoy miembro del Movimiento Autónomo de Mujeres y periodista, se le ha levantado una campaña de insultos y difamaciones, que utilizando el canal 4 de televisión y Radio Ya, ambos medios oficiales, la presenta como agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la responsabiliza de recibir dinero para destruir al gobierno.

A Violeta Delgado, miembro del Movimiento Autónomo de Mujeres, se le acusa de hacer política contra el gobierno y se ha visto amenazada en ocasiones por "defensores" de la revolución que, cargando palos y rodeando su auto, la han llamado "puta de los yankees". A Mayra Sirias, de la Red de Mujeres contra la Violencia, se le acusa de sostener grupúsculos de "feminismo fundamentalista" que mágicamente Rosario Murillo hace aparecer como de derecha.

A Patricia Orozco, coordinadora de la Campaña 28 de Septiembre por la Despenalizació n del Aborto en América Latina y el Caribe y dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres le envían amenazas de muerte y de violación por teléfono y por mensajes de texto (SMS), en un aparente intento de impedirle hacer campaña por el derecho de mujeres y niñas a acceder a servicios seguros y efectivos de salud reproductiva. Muchas más corren peligro, y muchas feministas en las ciudades del interior se reúnen para dormir en una sola casa y defenderse, dado el caso, entre varias.

Personalmente, lo confieso, tengo miedo por mis amigas. Por eso no cejo de mandar mails, denunciar, describir, relatar en cuanto congreso, encuentro, coloquio pueda lo que les sucede a las mujeres de Nicaragua.

Pero, por otro lado, me siento muy orgullosa de cómo las mujeres hemos tejido redes por las que entre nosotras nos creemos más de lo que les creemos a los misóginos y opresores, de cómo sabemos bloquear calles en Honduras y El Salvador, leer poemas desde un campanario en Guatemala, pedirles a nuestros gobiernos que se declare persona no grata a Ortega cuando viene de visita, responderles a nuestros compañeros de sindicato cuando nos hacen notar que Ortega respalda una política económica de acercamiento entre los países de América Latina contra los TLCs más vergonzosos, reconocer que la represión contra las mujeres inconformes no es sino la más antigua de las formas de echar a andar la represión contra toda la población y seguir afirmando que mientras no se aclare la situación de Zoilamérica, Ortega no estará libre del peso de un delito de lesa humanidad y que por decoro y respeto al pueblo que gobierna debería retirarse de la presidencia y no echar leña al fuego de la hoguera de la violencia poselectoral de unos sufragios municipales que están en entredicho precisamente por el escaso respeto que tiene su figura entre muchas y muchos nicaragüenses.