Proclama Ciudadana desde Nicaragua

Ante la pretensión del gobierno de confiscar los derechos políticos y criminalizar la participación ciudadana

El ataque lanzado por el gobierno de Daniel Ortega contra las organizaciones civiles nicaragüenses forma parte de un proyecto de poder totalitario que busca cerrar definitivamente los espacios políticos de la sociedad nicaragüense.

Este proyecto de poder total del autodenominado “Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional”, pretende establecer el continuismo en el poder a través de una nueva reforma constitucional que asegure la reelección del caudillo del FSLN y consolide las bases al autoritarismo.

En los últimos meses, el gobierno ha escalado sus ataques, pasando de las campañas de difamación a la represión violenta de las protestas cívicas, como ha ocurrido en León y Managua.

La escalada represiva incluye entre sus víctimas:

 La ilegal persecución contra organizaciones autónomas de la sociedad civil, como el caso de CINCO, Movimiento Autónomo de Mujeres, Coordinadora Civil, Grupo Venancia, Red de Mujeres Municipalistas, Red Nicaragüense de Comercio Comunitario, Forum Syd y Oxfam;

 El ataque contra el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Movimiento por Nicaragua, Ética y Transparencia, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticos;

 La agresión contra los medios de comunicación independientes y la violenta campaña difamatoria contra periodistas, intelectuales, artistas y dirigentes sociales, dirigida por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia;

Todas estas acciones representan señales inequívocas de la marcha de un proyecto antidemocrático, que al atentar contra la libertad política y la democracia amenaza también la libertad económica, poniendo en riesgo el proceso de inversión que es lo único que puede sacar al país del desempleo y la pobreza.

El objetivo de estas agresiones y ataques es arrebatar los derechos ciudadanos a los nicaragüenses y convertirlos en súbditos o siervos, pasando de una sociedad libre y pluralista, a una sociedad subordinada y homogénea, convertida en un instrumento dócil del poder. Para este fin, se quiere convertir los derechos políticos de los nicaragüenses en delitos.

De la misma manera, se pretende cambiar las reglas del juego de la cooperación internacional a fin de que ésta abandone el apoyo a los programas de gobernabilidad, democracia, transparencia y equidad de género, y se dedique únicamente a financiar proyectos oficiales destinados al clientelismo gubernamental, y prácticas no gubernamentales meramente asistencialistas.

El régimen busca así mismo eliminar la participación política libre, como se ha demostrado con la anulación de la personería jurídica de partidos políticos alternativos a los oficiales. De esta manera se convierte en parias a los ciudadanos con opciones políticas distintas.

Por todo ello, llamamos a todos los ciudadanos de las más diversas expresiones sociales, económicas, políticas y religiosas de nuestra sociedad, a defender y luchar por el respeto de los derechos ciudadanos a que el gobierno está obligado. Y exigimos:

1) El cese inmediato de la persecución política del gobierno y la Fiscalía contra las organizaciones civiles.

2) El cese de la campaña de difamación, intimidación y calumnias de los medios oficiales contra entidades independientes y ciudadanos que ejercen su derecho de criticar al gobierno.

3) Que el Fiscal General de la Nación asuma sus responsabilidades y termine con la persecución desatada por ese organismo contra todos aquellos a quienes el gobierno señala como sus enemigos, o de lo contrario que presente su renuncia ante la Asamblea Nacional.

4) Que la Asamblea Nacional exija responsabilidades a los funcionarios que violentan el estado de derecho.

5) Que se respete y garantice el libre funcionamiento de las asociaciones civiles de toda índole y las organizaciones no gubernamentales, como expresiones de la sociedad civil. Que cese el uso de las instituciones públicas para realizar labores ilegales de espionaje político contra los ciudadanos.

6) Que cese la instrumentalización política de la Policía Nacional, entidad a la que se está causando un daño en su credibilidad y profesionalismo, que puede llegar a ser irreparable.

7) Rechazamos el chantaje oficial y la pretensión de establecer censuras y autocensuras para la prensa nacional. Los ciudadanos tenemos derecho a tener información alternativa, a cuestionar los abusos del poder, y a exigir de la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.

8) Llamamos a la comunidad internacional a mantener su apoyo solidario al pueblo de Nicaragua, que se expresa no solamente en la cooperación gubernamental, sino en la cooperación para el desarrollo de una sociedad civil libre, autónoma, beligerante, y democrática.

9) Llamamos a defender el derecho ciudadano a expresar nuestras opiniones y a la libre organización y movilización política, que nos garantizan la Constitución y las leyes. Nadie debe dejarse amedrentar. No podemos aceptar que nos conviertan en rehenes del poder autoritario.

10) Como ciudadanos libres, no podemos permitir que se nos confisquen
nuestros derechos políticos, entre ellos el de ejercer el voto. Por lo tanto, llamamos a votar masivamente en las elecciones municipales del próximo 9 de noviembre. El voto masivo es la única garantía contra el fraude electoral

¡Democracia Sí, Dictadura No!

Managua 19 de octubre 2008